Presentan informe de transición del municipio de Toa Baja

Toa Baja, 11 de enero de 2017 – El Comité de Transición Entrante del Municipio de Toa Baja hizo público el informe final que contiene los hallazgos principales del proceso que se realizó tras las elecciones generales, como dispone la Ley de Municipios Autónomos. El mismo resume lo concerniente a las áreas de Finanzas, Oficina de Auditoría Interna, Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Oficina de Sistemas de Información, Área Ambiental, Obras Públicas, Reciclaje y Vertedero de Relleno Sanitario, Recursos Humanos, Departamento de Planificación y Programas Federales y Secretaría Municipal.

En el caso de la Oficina de Finanzas la evaluación está limitada a la información provista por la administración saliente y al grado de confiabilidad de los documentos obtenidos. Los estados financieros auditados (“Single Audit Report”) para el año fiscal terminado el 30 de junio de 2016 no estaban disponible al momento de las vistas de transición. El último estado financiero auditado disponible del Municipio corresponde al año fiscal terminado el 30 de junio de 2015. De dichos estados financieros se desprende que al  30 de junio de 2015, el Municipio mantenía un déficit en su Fondo General ascendente a $14,295,372. Esto significa que las deudas que mantiene el Municipio a dicha fecha exceden los activos (recursos para el pago de las deudas) por más de catorce millones. Al 30 de junio de 2015, el Estado de Posición Financiera presenta que el Municipio mantenía una deficiencia en la posición financiera neta ascendente a la cantidad de $22,768,992, lo que significa que las deudas que mantiene el Municipio a dicha fecha exceden los activos (recursos para el pago de las deudas) por más de 22 millones.

Durante el año fiscal terminado el 30 de junio de 2015, el Estado de Actividades presenta un exceso de gastos ($59,190,739) sobre los ingresos ($52,865,160) por la cantidad de $6,325,579. Esto provocó que la deficiencia en la posición neta aumentara de $16,443,413 a $22,768,992.

En los estados financieros auditados (Single Audit) del año fiscal terminado el 30 de junio de 2005, se desprende que el Municipio mantenía un Superávit en su Fondo General por la cantidad de $4,229,690 al cierre del año. Además, desde el año 2005 hasta el año 2015, el Municipio incurrió en obligaciones por la cantidad de $90,461,000 en Préstamos Operacionales. Si se toma en consideración el Superávit del año 2005, los Prestamos Operacionales y el déficit al año 2015, encontramos un cambio negativo en las operaciones del Fondo General por la cantidad de $108,986,062 durante ese periodo de años.

Las deudas con los suplidores y otros, según los listados provistos, ascienden a $12,088,938.17. Las deudas que mantiene el Municipio con agencias de gobierno ascienden a $23,249,976.24.

Señalamientos de Programas Federales:

En el informe de auditoría (“Single Audit”) para el año terminado el 30 de junio de 2015, se presentan los siguientes señalamientos.

Señalamiento 2015-004 – el Municipio utilizó fondos del Programa de Vivienda Sección 8 para actividades no permitidas (unallowed activities) por la cantidad de $140,000. Estos costos fueron presentados como “costos cuestionados” por los auditores externos.

Durante la vista de transición del área de finanzas, el director del Finanzas del Municipio indicó que dichos dineros habían sido devueltos al Gobierno Federal. No obstante, el Comité de Transición Entrante no cuenta con copia de los documentos que provea evidencia de que dichos fondos fueron devueltos al Gobierno Federal.

El Municipio utilizó fondos del Programa de Garantía de Préstamo Sección 108 para actividades no permitidas (unallowed activities) por la cantidad de $2,578,164. Estos costos fueron presentados como “costos cuestionados” por los auditores externos. Durante la vista de transición del área de finanzas, el

director del Finanzas del Municipio indicó que dichos dineros no habían sido devueltos al Gobierno Federal. A tales efectos, el Municipio tiene la obligación de devolver los mismos al Gobierno Federal.

El informe también detalla, entre otros aspectos, irregularidades en el expediente de la subasta para la venta del Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT), que no pudieron ser explicadas por el comité de transición saliente, así como incongruencias en el manejo de equipos y tecnología, además de reflejar el avanzado estado de deterioro en que se encuentran diversas instalaciones municipales por falta de limpieza, mantenimiento y reparación.

En torno al Vertedero Municipal, tras detallar una serie de irregularidades, el Comité de Transición entrante hizo recomendaciones específicas en relación a parte de las operaciones en el área del Departamento de Obras Públicas Municipal (Motor Pool). “No se pretende hacer adjudicaciones sobre responsabilidades individuales, esa no es la función del Comité y no se ha tenido toda la información necesaria para hacerlo. Se pretende evaluar algunos resultados del funcionamiento de la estructura organizacional. No obstante, de ninguna manera podemos, ni vamos a plantear que no puedan existir esas responsabilidades individuales que en algún momento tendrán que ser adjudicadas por las autoridades correspondientes”, plantea el informe ante posibles violaciones.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

“El Comité Saliente no produjo gran parte de la documentación requerida, como tampoco ha contestado las interrogantes que se le han hecho sobre la crítica situación financiera y administrativa en que se encuentra el MTB. Esa actitud contumaz por parte de la Administración Saliente, ha impedido que se pueda obtener un cuadro más claro de la realidad fiscal y administrativa del MTB. La administración saliente no ha descansado en tratar de obstaculizar los procesos de transición y de utilizar sus últimos días en el poder para tomar decisiones que afectan el interés público y colocan a la Administración Entrante en una situación mucho más complicada y difícil. A esos efectos, se le solicita a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), Oficina del Contralor de Puerto Rico y al Departamento de Justicia que tomen la acción correspondiente y de existir base para ello presenten los cargos que correspondan. En cuanto a la Legislatura Estatal, se le solicita que evalúen el enmendar la Ley Num. 81-1991, supra, para limitar el cauce de acción que puedan tener la administraciones salientes, como lo es: el autorizar bonificaciones a los empleados de confianza que se reinstalan al servicio de carrera; la liquidación de las licencias acumuladas; conceder licencias sin sueldo; autorizar destaques de empleados regulares; nombrar empleados transitorios con fechas de vencimientos que trascienden el 31 de diciembre del año eleccionario; entrar en planes de pagos con cargo a las remesas del CRIM posteriores al 31de diciembre; disponer de bienes muebles o inmuebles, luego de la fecha de los comicios electorales; entre otros. A la Administración Entrante, que ordene inmediatamente una amplia auditoria forense y coordine esfuerzo con el Departamento de Justicia; Oficina del Contralor; Ética Gubernamental y las Autoridades Federales, para que evalúen y procesen a cualquier funcionario; exfuncionario, empleado o exempleado que haya incurrido en conducta delictiva. Además, que se evalúe cualquier acción civil que se estime procedente para el recobro de cualquier cantidad de fondos públicos que se haya mal utilizado durante la Administración Saliente”, concluye el informe de 263 páginas.

Descarga el informe de transición 2016

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